No te dejes ahogar por los cambios normativos del medio ambiente y acude a profesionales

La legislación medioambiental no deja de transformarse. Cada poco tiempo aparece una nueva norma, un cambio en un decreto, una obligación adicional que afecta a miles de empresas. A veces, esos cambios llegan sin mucho aviso. De repente, lo que ayer no era obligatorio, hoy sí lo es. Y lo que antes bastaba con cumplir por encima, ahora exige papeles, registros, declaraciones, planes. El resultado: muchas empresas se sienten completamente perdidas.

Lo más preocupante no es que estas leyes sean complejas —que lo son—, sino que no cumplirlas puede tener consecuencias muy serias. Desde multas económicas hasta la paralización de actividades, pérdida de ayudas o incluso daños a la reputación de la marca.

Por eso, ahora más que nunca, acudir a profesionales especializados en normativa medioambiental no es un gasto, sino una inversión que puede evitar muchos problemas.

 

Cambios normativos recientes que lo han cambiado todo

La presión por parte de la Unión Europea y de la sociedad en general para proteger el medio ambiente está impulsando una legislación cada vez más exigente. Y no se trata solo de normas aisladas, sino de un verdadero cambio de enfoque.

Estas son algunas de las leyes y regulaciones más importantes que las empresas deben conocer:

 

1. Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular

Esta ley, vigente desde abril de 2022, ha supuesto un antes y un después. Entre otras cosas:

• Prohíbe determinados plásticos de un solo uso.
• Introduce nuevos impuestos a los residuos que acaban en vertederos.
• Refuerza la responsabilidad del productor sobre el ciclo de vida del producto.
• Obliga a preparar planes de prevención de residuos.

Afecta a sectores muy diversos: alimentación, comercio, fabricación, distribución… prácticamente a cualquiera que genere residuos (es decir, afecta a casi todas las empresas).

 

2. Real Decreto 1055/2022 sobre envases y residuos de envases

Muchas empresas piensan que esto no va con ellas porque no fabrican envases.

Error: este decreto exige que cualquier empresa que comercialice productos envasados (aunque solo sea como minorista) se registre en un sistema y presente declaraciones anuales.

Además, introduce la obligación de utilizar envases reutilizables o reciclables, lo que implica revisar materiales, proveedores y procesos de producción.

 

3. Reglamento Europeo CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Desde enero de 2024, muchas grandes empresas ya están obligadas a presentar informes detallados sobre sostenibilidad. En unos años, esta obligación se extenderá a empresas medianas.

¿Qué significa esto? Que habrá que medir el impacto ambiental real, desde el consumo de energía hasta las emisiones contaminantes o la gestión del agua. No vale con decir «somos sostenibles». Hay que demostrarlo con datos.

 

4. Reformas de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental

Aunque esta ley ya existía, sus reformas más recientes han reforzado el principio de que quien contamina, paga. Incluso si el daño no ha sido intencionado.

Esto significa que una fuga accidental, una mala gestión de residuos o una simple negligencia puede costar miles de euros en indemnizaciones y restauración ambiental. Por eso conviene tener todo bajo control y prevenir, no solo actuar cuando ya es tarde.

 

5. Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

El PNIEC no es una ley, pero marca los objetivos energéticos y ambientales del país. Entre otras cosas, exige:

• Reducción de emisiones contaminantes.
• Mejora de la eficiencia energética.
• Apuesta por energías renovables.

Las empresas que no se alineen con estos objetivos quedarán fuera de muchas ayudas públicas, no podrán acceder a ciertos contratos públicos y se verán perjudicadas en cuestiones reputacionales y de competitividad.

 

¿A quién afecta todo esto?

Prácticamente a todos los sectores. Pero hay algunos donde el impacto es mayor o más inmediato.

• Industrias y fábricas: Ya no se trata solo de controlar chimeneas o vertidos. Ahora se exige justificar cada residuo, cada consumo energético, cada proceso. Y eso requiere planificación, medición y documentación.
• Comercio, logística y distribución: Desde el momento en que se utiliza un embalaje, se almacenan productos o se organiza un transporte, hay obligaciones que cumplir. Especialmente en materia de envases y trazabilidad.
• Hostelería y turismo: Hoteles, restaurantes, campings… todos generan residuos, usan plásticos, consumen agua y energía. Además, los viajeros valoran cada vez más el compromiso ambiental del lugar donde se alojan.
• Agricultura y ganadería: El uso de fertilizantes, la gestión de estiércoles, el acceso al agua o la aplicación de productos fitosanitarios está sometido a cada vez más controles. No adaptarse puede suponer perder ayudas de la PAC.
• Construcción y promoción inmobiliaria: Cada vez son más las exigencias en eficiencia energética, integración ambiental y gestión de residuos en obra. Y la obtención de licencias se está volviendo más estricta.

 

Las consecuencias de no adaptarse

No es una exageración: ignorar estas obligaciones puede llevar a sanciones económicas importantes.

Pero también a problemas más difíciles de solucionar:

• Multas económicas. Algunas leyes prevén sanciones de hasta 2 millones de euros en casos graves.
• Paralización de la actividad. La administración puede ordenar el cese de una actividad hasta que se regularice.
• Pérdida de ayudas y subvenciones. Las convocatorias actuales exigen estar al día en normativa ambiental.
• Pérdida de contratos. Muchas empresas grandes o administraciones públicas solo contratan a proveedores sostenibles.
• Deterioro de la reputación. Un escándalo ambiental, aunque sea pequeño, puede tener un impacto enorme en la imagen de marca.

Un ejemplo real: en julio de 2021, la Junta de Andalucía impuso una sanción de 240 401 € a la empresa MARSUR TS‑21 S.L. por el vertido ilegal de aproximadamente 13 000 toneladas de escombros procedentes de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz en el paraje conocido como Rancho Linares, cerca de El Puerto de Santa María.

 

¿Qué puede hacer por ti un asesor ambiental?

Crowe, especialistas en auditoría, impuestos y consultoría sobre las regulaciones del medio ambiente y muchos otros sectores, nos recuerda que contratar a un especialista en normativa ambiental no es un capricho, sino una forma inteligente de proteger la empresa y de aprovechar oportunidades.

 

Estas son algunas de las tareas que puede asumir:

1. Auditoría de cumplimiento: Analiza la situación actual de la empresa, identifica riesgos legales y propone medidas correctoras. Esto permite saber en qué punto se está y por dónde empezar.
2. Interpretación de leyes y aplicación práctica: Traduce la jerga legal a acciones concretas. No se limita a citar artículos, sino que explica qué implica una norma y cómo cumplirla en el día a día.
3. Elaboración de documentación técnica: Desde informes y memorias hasta planes de prevención, declaraciones de envases o autorizaciones ambientales. Todo lo necesario para cumplir con las administraciones.
4. Gestión de trámites y registro: Se encarga de presentar declaraciones, gestionar licencias o inscribir a la empresa en los registros necesarios.
5. Formación y sensibilización del personal: Forma a trabajadores y responsables para que conozcan sus obligaciones y eviten errores por desconocimiento.
6. Identificación de ayudas y oportunidades: Un buen asesor conoce las subvenciones vigentes, los fondos europeos y los programas de apoyo. Y puede ayudar a presentar solicitudes bien fundamentadas.

 

¿Cómo elegir al profesional adecuado?

Es muy importante contar con un asesor que no solo tenga buena actitud, sino que realmente sepa de lo que habla. Elegir bien puede ayudarte a cumplir con todas las normas sin problemas o, si no lo haces, llevarte a multas y complicaciones que se podrían evitar.

Para acertar al elegirlo, estas son algunas claves:

• Que conozca bien tu sector. No es lo mismo asesorar a una empresa del sector agroalimentario que a una del ámbito industrial. Cada sector tiene normativas específicas y es vital que el profesional esté familiarizado con ellas.
• Que tenga formación jurídica y técnica. Las normativas ambientales combinan aspectos legales con requerimientos técnicos, por lo que el asesor debe manejar ambos mundos.
• Que esté actualizado y siga las novedades legislativas. Las leyes cambian constantemente, y es clave que esté al tanto de cada modificación.
• Que sepa explicar sin tecnicismos. Un buen profesional convierte lo complejo en comprensible.
• Que tenga referencias de otras empresas satisfechas. La experiencia previa es siempre una garantía.

 

Beneficios a corto y largo plazo

La contratación de un profesional ambiental no solo evita sanciones. También aporta beneficios concretos y medibles:

• Ahorro económico. Muchas medidas sostenibles reducen costes (energía, agua, residuos).
• Mejora de la reputación. Un compromiso real con el medio ambiente genera confianza en clientes, socios e inversores.
• Acceso a nuevas oportunidades. Algunas licitaciones, certificaciones o mercados exigen criterios ambientales.
• Mayor tranquilidad. Saber que se está haciendo bien permite centrarse en el negocio.
• Preparación para el futuro. Las exigencias seguirán aumentando. Adelantarse es una ventaja.

 

Mejor prevenir que lamentar

La legislación ambiental ya no es algo que solo afecte a grandes industrias. Ha llegado al comercio, a la agricultura, a la hostelería, a la logística. Y seguirá ampliándose. No se trata de una moda, sino de un cambio de paradigma.

Las empresas que se adapten a tiempo estarán mejor posicionadas para competir, crecer y transmitir una imagen de responsabilidad que hoy es más valorada que nunca. Las que se queden atrás, tarde o temprano lo notarán en sus resultados.

Contar con un buen asesor no es un gasto, es una garantía. De cumplimiento legal, de eficiencia, de futuro. Y lo más importante: permite centrarse en lo que realmente importa, sabiendo que todo lo demás está en manos expertas.